El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este miércoles, 16 de septiembre, la convalidación del Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. La votación, con 179 votos en contra, 155 a favor y 12 abstenciones, deroga la norma que había creado el Registro de Grupos de Interés de la Administración General del Estado, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El rechazo se sostuvo en los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Se abstuvieron PNV, Podemos y tres diputados de Sumar. El resto de la Cámara respaldó la convalidación.
El decreto había entrado en vigor el 27 de agosto, con el registro operativo desde el 4 de septiembre. Como todo real decreto-ley no convalidado, decae con efecto retroactivo desde la publicación del acuerdo de derogación en el Boletín Oficial del Estado, un trámite que en casos similares de esta legislatura se ha resuelto varias semanas después de la votación.
Antecedentes
Briefin y Castigo ha seguido el recorrido de esta norma desde su origen: contó su aprobación y su régimen sancionador el 26 de agosto, la apertura del trámite de inscripción el 5 de septiembre, la petición de APRI de convalidar el decreto antes de que caducara el 9 de septiembre, el rechazo de CCOO y UGT a esa convalidación el 13 de septiembre y, el mismo miércoles de la votación, que once consultoras de asuntos públicos ya se habían inscrito en el registro.
Qué queda en el aire
La derogación no resuelve qué ocurre con esas inscripciones ya presentadas: el propio decreto nunca lo explicitó, y esa pregunta —hasta esta semana hipotética— es la que enfrentan ahora las once consultoras de asuntos públicos que se habían dado de alta entre el 4 y el 10 de septiembre. Para una consultora de este oficio, inscribirse no era una opción entre varias: era una obligación directa de su actividad profesional, a diferencia de otro tipo de grupos de interés —asociaciones, ONG, grandes empresas— para los que representar intereses ante la Administración es solo una función entre otras muchas.
Qué validez conserva esa obligación, y el registro en el que se apoyaba, queda ahora en manos del Gobierno, que puede optar por tramitar la materia como proyecto de ley ordinario —la vía que pedían CCOO y UGT—, o de una futura iniciativa parlamentaria. Mientras tanto, el primer registro estatal de grupos de interés que ha tenido España pierde, veinte días después de nacer, la norma que le daba soporte legal.
Actualización (20/09/2026): el buscador público del Registro de Grupos de Interés (consejodetransparencia.es/grupos_interes) lleva ya tres días consecutivos devolviendo error 404 (comprobado por esta redacción el 18, 19 y 20 de septiembre), sin que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno haya publicado ningún aviso sobre su cierre. La portada de su sede electrónica sí carga con normalidad, lo que descarta un problema técnico generalizado del sitio. Sigue sin haber comunicado oficial que confirme si se trata de una retirada deliberada del registro o de un fallo puntual de esa página en concreto.