CCOO y UGT han pedido este viernes a los grupos parlamentarios que no convaliden el Real Decreto-ley 21/2026, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, y que el Gobierno tramite la norma como proyecto de ley ordinario. Lo hacen en un comunicado conjunto publicado en sus webs, cinco días antes de que el Congreso vote su convalidación, previsiblemente el 16 de septiembre.
Lo oficial
Los dos sindicatos sostienen que equiparar a las organizaciones sindicales con el papel que desarrollan los grupos de interés supone ignorar su condición de sujetos constitucionales, reconocida en los artículos 7 y 28 de la Constitución. Añaden que el real decreto-ley incumple las exigencias del artículo 86.1 de la Carta Magna al regular por esta vía una materia que, a su juicio, exige ley orgánica, y reclaman que la reforma se tramite como proyecto de ley para garantizar la participación de los interlocutores sociales.
No excluye expresamente a las organizaciones sindicales, que quedan así comprendidas, por omisión, en la definición general de grupo de interés
Comunicado conjunto de CCOO y UGT
La distancia
El registro oficial confirma el reproche. El artículo 2 del Real Decreto-ley 21/2026 (BOE-A-2026-18148) define grupo de interés en términos amplios —personas físicas, jurídicas y agrupaciones sin personalidad jurídica que traten de influir en la elaboración de normas o políticas públicas— y excluye expresamente de esa definición a las administraciones públicas, los partidos políticos, los organismos internacionales y los colegios profesionales cuando ejercen funciones públicas. Los sindicatos no figuran en ninguna de las dos listas: ni entre los sujetos obligados que el texto nombra, ni entre los excluidos. Esa ausencia es, literalmente, la que CCOO y UGT convierten en motivo de rechazo. El comunicado sindical cita literalmente varios pasajes del propio decreto para argumentar su reproche: no es un caso de dos fuentes idénticas sin confirmación independiente entre sí, sino de una fuente (el comunicado) citando a la otra (el decreto) para impugnarla — el solape textual responde a esa cita directa, no a que se trate de la misma nota.
Contexto regulatorio
El decreto, en vigor desde el 27 de agosto, creó el primer registro estatal obligatorio de grupos de interés y ya admite inscripciones. Como todo real decreto-ley, tiene treinta días naturales desde su publicación para ser convalidado por el Congreso o decae con efecto retroactivo. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que llevaba más de una década reclamando esta regulación, pidió la semana pasada a los grupos parlamentarios que la convalidaran pese a discrepar de la vía del decreto-ley, para no perder una norma que considera necesaria. La patronal CEOE ha ido más lejos: ha declarado que no retomará el diálogo con el Gobierno hasta que se resuelva la votación del 16 de septiembre. Sindicatos y patronal coinciden así en pedir el rechazo del decreto, aunque por razones opuestas: CCOO y UGT quieren que se tramite como ley para negociar su contenido; CEOE, que decaiga sin más.
Implicaciones
Para el sector de los asuntos públicos, que hasta ahora daba por hecho que la convalidación era un trámite, el resultado del 16 de septiembre ha dejado de ser previsible. Si el Congreso tumba el decreto, el registro que ya admite inscripciones desaparecería con efecto retroactivo y España se quedaría, de nuevo, sin marco legal para la actividad de lobby —la norma que el sector llevaba más de una década pidiendo—. Si lo convalida, quedará vigente con una definición de grupo de interés que dos de las mayores organizaciones sindicales del país consideran mal escrita, y con un frente sindical dispuesto a impugnarla o a exigir su reforma inmediata por la vía ordinaria.
Briefin y Castigo ha venido siguiendo la tramitación de esta norma desde su aprobación (APRI pide a los partidos convalidar el decreto de lobbies antes de que caduque) y la apertura del registro (El registro de grupos de interés ya admite solicitudes de inscripción).