Once consultoras se inscriben ya en el Registro de Grupos de Interés

Al menos once consultoras de asuntos públicos completaron su inscripción en el registro estatal entre el 4 y el 10 de septiembre, mientras el Congreso vota hoy si convalida el decreto que lo creó.

Ilustración editorial: un libro de registro abierto con sellos oficiales y una firma, junto a una urna de votación en el borde de una mesa

Kreab Iberia es una de las consultoras de asuntos públicos que ya figuran inscritas en el Registro de Grupos de Interés de la Administración General del Estado, según ha podido comprobar Briefin y Castigo consultando directamente el buscador público del registro. Junto a ella completaron el trámite otras diez firmas del mismo oficio, entre ellas JRB Global Investment Advisory y Paradigm Corporate Affairs, todas entre el 4 y el 10 de septiembre, la primera semana y media desde que quedó operativo.

Asuntos Públicos Estrategos se inscribió, junto con Kreab Iberia, el 4 de septiembre, el mismo día en que la sede electrónica del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno activó el formulario de alta. El 7 de septiembre completaron el trámite Cariotipo MH5, Grayling Comunicación, JRB Global Investment Advisory, Puentia Comunicación y Burson Cohn & Wolfe. Les siguieron H Advisors Asuntos Públicos España (8 de septiembre), Nitid Corporate Affairs (9 de septiembre) y, ya el 10, Paradigm Corporate Affairs y Political Intelligence.

El registro nace del Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que regula por primera vez a escala estatal las actividades de representación de intereses ante la Administración General del Estado. Lo gestiona el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tiene carácter público y gratuito, y la solicitud de inscripción produce efectos desde el momento de su presentación, aunque el organismo dispone de hasta tres meses para resolverla.

La norma define como grupo de interés a toda persona física o jurídica —incluidas plataformas, foros o redes sin personalidad jurídica propia— que ejerza actividades de influencia sobre personal o cargos públicos, ya actúe por cuenta propia o ajena. Para una consultora de asuntos públicos, darse de alta no es una opción entre varias: es una obligación directa de su actividad profesional, a diferencia de otro tipo de grupos de interés —asociaciones, ONG, grandes empresas— para quienes representar intereses ante la Administración es una función entre otras muchas.

Ninguna de estas once firmas tiene, sin embargo, la certeza de que el registro en el que acaban de darse de alta vaya a seguir existiendo en su forma actual. El Pleno del Congreso de los Diputados vota este miércoles, 16 de septiembre, la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 21/2026, según consta en el orden del día oficial de la sesión. Briefin y Castigo contó el 13 de septiembre que CCOO y UGT pidieron a los grupos parlamentarios que no lo convalidaran.

El propio decreto no resuelve qué ocurriría con las inscripciones ya presentadas si el Congreso lo derogara esta misma tarde. Las consultoras que se han inscrito lo han hecho, en todo caso, antes de conocer el resultado de esa votación: una apuesta por cumplir la norma mientras estaba todavía en el aire, no después de que quedara asentada. Ninguna de las firmas mencionadas ha hecho pública una declaración sobre los motivos de su inscripción temprana.

Briefin y Castigo contó el 26 de agosto la creación del registro y, el 5 de septiembre, su apertura a solicitudes.

Fuentes