Google ha dejado de aplicar, desde el 30 de agosto, las sanciones de su política de «reputación del sitio» a las búsquedas realizadas dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). El cambio, anunciado por la propia compañía el 28 de agosto en su blog oficial para editores, llega tras meses de presión de la Comisión Europea, que investiga desde noviembre de 2025 si esa política incumple la Ley de Mercados Digitales (DMA).
La política, introducida por Google en 2024, penaliza en los resultados de búsqueda a los sitios web que alojan contenido de terceros con el único fin de aprovechar la buena reputación del dominio para posicionar mejor — una práctica que la compañía considera manipulación del ranking. El problema, según la Comisión, es que esa misma política castiga también una fórmula habitual y legítima de monetización: secciones patrocinadas o acuerdos con proveedores de contenido comercial que muchos medios y editores usan para financiarse.
Desde el 30 de agosto, la sanción tiene un efecto distinto según dónde busque el usuario. Fuera del EEE, una acción manual por reputación de sitio sigue penalizando en el ranking la parte afectada de la web, como hasta ahora. Dentro del EEE, ese efecto deja de aplicarse — aunque Google matiza que la sección señalada puede seguir «separada» en sus sistemas internos, de forma que con el tiempo posicione de manera independiente al resto del dominio. La compañía mantiene la notificación a los propietarios de sitios a través de Search Console y la posibilidad de pedir una revisión o, si procede, acudir a mediación.
Google enmarca el ajuste como una concesión «tras conversaciones con la Comisión Europea», pero insiste en que sigue preocupada porque una aplicación demasiado amplia de la DMA le impida combatir intentos reales de manipular sus resultados.
La investigación que ha forzado el cambio se abrió el 13 de noviembre de 2025: Bruselas examina si Google incumple los artículos 6(12) y 6(5) de la DMA, que obligan a los grandes guardianes de acceso digital a aplicar condiciones justas, razonables y no discriminatorias a los editores que dependen de ellos. La Comisión fija un plazo orientativo de doce meses para concluir el caso y advierte de multas de hasta el 10% de la facturación mundial del grupo —el 20% si hay reincidencia—, además de posibles remedios estructurales, como obligar a vender parte del negocio.
Nuestra investigación específica busca proteger la financiación de los editores, su libertad para ejercer su actividad y, en última instancia, el pluralismo mediático y nuestra democracia.
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia (en inglés en el original)
Para una redacción o un departamento de comunicación que gestiona contenido patrocinado o acuerdos con proveedores externos, el cambio reduce —dentro de la UE— el riesgo de que ese tipo de colaboraciones penalice la visibilidad del resto del dominio en Google. Conviene no confundirlo con una marcha atrás completa: la política sigue vigente en todo el mundo, Google solo ha ajustado dónde y cómo se nota su efecto, y la investigación de fondo sobre si la propia política incumple la ley europea sigue abierta.