La autoridad de competencia francesa ordenó el 8 de julio a Meta reanudar «de buena fe» las negociaciones con los editores de prensa sobre los derechos afines, y entregar en un plazo de 15 días los datos necesarios para calcular esa remuneración. La Autorité de la concurrence adoptó la decisión como medida cautelar, mientras sigue investigando el fondo del asunto, según recogió Euronews.
Las denuncias las presentaron dos organizaciones de editores franceses: la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) y la Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG), que agrupa a unas 300 publicaciones. Sus acuerdos con Meta expiraron en diciembre de 2024 y enero de 2025, respectivamente, y desde entonces no se han renovado.
La señal
El detalle relevante no es la orden, sino su motivo. La autoridad considera que Meta impuso su propia metodología para calcular cuánto valía el contenido de la prensa y retuvo los datos que los editores necesitaban para evaluar esas ofertas. También le reprocha haber excluido de la negociación a Instagram y Threads, limitándola a Facebook. El regulador califica el comportamiento de daño «grave e inmediato» al sector de la prensa y lo enmarca como posible abuso de posición dominante.
La autoridad considera que Meta impuso su propia metodología para calcular cuánto valía el contenido de la prensa.
Los derechos afines nacieron con la directiva europea de derechos de autor de 2019 y obligan a las plataformas a remunerar a los editores cuando muestran sus contenidos. Siete años después, lo que se discute en París ya no es si hay que pagar, sino quién tiene derecho a ver los números con los que se calcula el pago.
La proyección
Esto está pasando, no va a pasar. Y la dirección está marcada: el precio del contenido periodístico se está fijando por vía administrativa, no por acuerdo entre las partes. Francia lleva la delantera —fue el primer país que aplicó la directiva y el que multó a Google por incumplirla—, pero la arquitectura legal es europea y la jurisprudencia viaja.
La condición que puede frenarlo es evidente: una plataforma siempre puede dejar de mostrar el contenido en vez de pagarlo, como ya hizo Meta con las noticias en Canadá. Que en Europa no lo haya hecho todavía sugiere que el cálculo de coste reputacional y regulatorio aún no le compensa. Eso puede cambiar.
Para quien trabaja en comunicación, la implicación práctica es incómoda y concreta. La distribución orgánica de contenidos en plataformas se ha tratado durante quince años como un canal gratuito. Se está convirtiendo en un mercado regulado, con precios, con auditoría de datos y con litigios. Quien planifique una estrategia de contenidos a tres años sobre el supuesto de que Facebook seguirá distribuyendo prensa gratis está planificando sobre una hipótesis que un regulador ya ha puesto en duda.
El caso, en fechas
- 2019: la directiva europea de derechos de autor crea los derechos afines de la prensa
- Diciembre de 2024: expira el acuerdo de Meta con la DVP
- Enero de 2025: expira el acuerdo de Meta con la APIG, que agrupa a unas 300 publicaciones
- 8 de julio de 2026: la Autorité de la concurrence adopta medidas cautelares contra Meta
- Plazo impuesto: 15 días para entregar los datos de remuneración
Fuentes
- Euronews — «French watchdog orders Meta back to press payment talks after copyright deals expire» (8 de julio de 2026)
- Dircomfidencial — «Francia ordena a Meta retomar las conversaciones con los medios para pagarles derechos de autor» (8 de julio de 2026)
- ABC Color — «Francia impone a Meta volver a negociar “de buena fe” con la prensa los derechos conexos» (8 de julio de 2026)
- PPC Land — «France forces Meta to negotiate with publishers within 15 days»