El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) recibió 1.758 reclamaciones entre enero y junio de 2026, un 60% más que en el mismo semestre de 2025, según los datos que el propio organismo publicó el 6 de agosto. De ellas, 1.211 se dirigieron contra ministerios y otras entidades de la Administración General del Estado y 547 contra administraciones autonómicas y locales.
El dato no es un pico aislado. Mayo cerró con 343 reclamaciones, un 80% más que en mayo de 2025, y el propio Consejo enmarca el semestre en una tendencia sostenida: 2025 se cerró con 2.767 reclamaciones, un 40% más que 2024. Comparar los seis meses de 2026 con años completos da la medida real del ritmo de crecimiento: las 1.758 reclamaciones de solo un semestre ya se acercan al total íntegro de 2024 (1.973) y superan el de 2023 (1.886).
La función de garantía que realiza el Consejo del derecho a saber, clave en democracia, no puede sostenerse indefinidamente con los medios actuales
Concepción Campos Acuña, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Recursos congelados desde 2023
Mientras la demanda crece, los medios del Consejo no lo hacen. El organismo opera con una plantilla de unas treinta personas más la Presidencia y un presupuesto de 3,38 millones de euros, cifras sin cambios desde 2023 —el último año con Presupuestos Generales del Estado aprobados—. Concepción Campos Acuña, que asumió la presidencia del CTBG en abril de 2026, ha advertido de que «La función de garantía que realiza el Consejo del derecho a saber, clave en democracia, no puede sostenerse indefinidamente con los medios actuales», y ha añadido que garantizar el acceso en plazo y con calidad «exige una dotación de recursos acorde al volumen real de trabajo».
De las 1.295 reclamaciones que el Consejo llegó a resolver en el semestre, un 87,5% se admitieron a trámite y, de esas, tres de cada cuatro (75%) se estimaron total o parcialmente a favor de quien reclamaba acceso a la información —una proporción que respalda el argumento de fondo del organismo: la mayoría de los recursos que le llegan tenían razón de ser. Contra sus resoluciones se interpusieron 22 recursos judiciales en lo que va de año, y el Consejo evaluó además el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de casi 400 entidades en 2025.
Cada expediente que se acumula sin resolver en plazo es, en la práctica, el ejercicio de un derecho —el acceso a la información pública— que se demora en la misma proporción en que se demora el propio Consejo. La cifra de reclamaciones seguirá subiendo mientras la ciudadanía siga descubriendo que puede preguntar; lo que no está claro es si el organismo llamado a responderle podrá seguir haciéndolo con los mismos treinta empleados y el mismo presupuesto de hace tres años.
En cifras
- 1.758 reclamaciones en el primer semestre de 2026 (+60% interanual)
- 2.767 reclamaciones en todo 2025 (+40% sobre 2024)
- 1.973 reclamaciones en 2024 y 1.886 en 2023
- Plantilla y presupuesto (3,38 millones de euros) sin cambios desde 2023
- 87,5% de las reclamaciones resueltas se admitieron a trámite; el 75% de las admitidas, estimadas a favor del reclamante
- 22 recursos judiciales interpuestos contra resoluciones del Consejo en 2026