AUTOCONTROL, la asociación de autorregulación publicitaria española, ha lanzado la versión 2.0 de su Certificado Básico de Capacitación para Influencers sobre normativa publicitaria, según ha anunciado la propia entidad en su sala de prensa. La actualización incorpora las últimas novedades normativas y administrativas, así como doctrina reciente del Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL sobre comunicaciones comerciales de creadores de contenido.
La nueva versión añade respuestas a consultas frecuentes planteadas por influencers, anunciantes, agencias y plataformas, amplía los casos prácticos, vídeos y materiales didácticos, e introduce contenidos específicos sobre identificación de comunicaciones comerciales, advertencias publicitarias obligatorias, restricciones legales y el reparto de responsabilidad entre anunciantes e influencers.
La excelente acogida de este certificado por parte del sector publicitario evidencia su responsabilidad y voluntad de cumplimiento normativo.
Patricia Zabala, directora general de AUTOCONTROL
Conviene precisar qué es exactamente AUTOCONTROL: no es un organismo público ni tiene potestad sancionadora administrativa, sino una asociación privada de autorregulación publicitaria a la que pertenecen anunciantes, agencias y medios, y cuyo Jurado resuelve reclamaciones sobre publicidad de forma voluntaria para sus asociados. Que sea la propia entidad la que mida y difunda la «excelente acogida» de su certificado —más de 6.700 influencers certificados desde su lanzamiento y una satisfacción declarada de 4,7 sobre 5— es un dato sobre su propio programa, no una verificación externa de su eficacia real en el mercado.
La actualización llega en un momento de escrutinio creciente sobre la publicidad encubierta de influencers, con la Ley General de Comunicación Audiovisual y el Real Decreto de usuarios de especial relevancia como marco de referencia. AUTOCONTROL sitúa a España como el país con más creadores certificados dentro del programa europeo AdEthics, lo que convierte a este certificado —pese a su naturaleza voluntaria— en una referencia de facto para el sector a la hora de acreditar que un creador conoce sus obligaciones antes de que llegue una reclamación.