La consolidación de las agencias de comunicación no la paga quien compra: la paga quien se queda

Fondos y holdings consolidan el negocio de la comunicación bajo deuda y planes de «eficiencia»; el coste no lo paga el accionista, sino el cliente y el equipo que atiende su cuenta.

Ilustración editorial: una cadena arrastra varios letreros en blanco, con un eslabón en rojo

En poco más de un año, FGS Global —propiedad del fondo de capital riesgo KKR— ha comprado tres consultoras boutique de asuntos públicos en Washington: Rich Feuer Anderson, Tarplin Downs & Young y, la semana pasada, The Russell Group. El grupo, nacido de la fusión de Finsbury, Glover Park y Hering Schuppener, reúne ya casi treinta personas solo en el equipo nuevo de Washington dedicado a regulación agroalimentaria. Cada adquisición se presenta como una ampliación de capacidades. Ninguna explica qué pasa con los equipos, los clientes heredados ni la deuda que financia la compra.

Al mismo tiempo, Omnicom certificó en su tercer trimestre un crecimiento orgánico del 7,2% tras absorber Interpublic Group (IPG), con 900 millones de dólares en «sinergias de costes» previstas para este año —el eufemismo financiero más viejo del sector para hablar de recortes de estructura. Y LLYC, la gran consultora española que no pertenece a ningún fondo, cerró el primer semestre de 2026 con pérdidas de 0,6 millones de euros, una caída del 17,3% en ingresos y una deuda financiera neta de 36,2 millones —3,2 veces su ebitda—, ejecutando ya al 92% un plan de «eficiencia» de 8,8 millones.

Tres dueños, un mismo movimiento

Un fondo que compra boutiques, un holding que se fusiona con su mayor competidor y una consultora cotizada que se endeuda para ajustarse: tres estructuras de propiedad distintas que convergen en el mismo movimiento —menos ingresos por cliente, menos margen operativo real y programas bautizados como «eficiencia» o «sinergia» que, leídos despacio, son recortes de estructura. Quien contrata una agencia de comunicación no compra solo una campaña o una estrategia: compra la continuidad del equipo que conoce su marca. Esa continuidad es justo lo primero que un plan de ajuste ejecutado al 92%, o una integración con 900 millones de dólares en sinergias, pone en riesgo.

El relato que domina el sector —consolidarse es escalar, y escalar es competir mejor frente a la IA generativa y los presupuestos cada vez más ajustados de los anunciantes— esconde hacia dónde va el dinero. LLYC, con el plan de ajuste casi terminado, prevé un margen ebitda cercano al 19% en 2026, frente al 15,4% de 2025: una mejora real, pero lograda reduciendo el volumen de gasto de terceros que gestiona y recortando su propia estructura, no ganando más negocio. En FGS Global, cada boutique comprada pasa a servir la lógica de rentabilidad de su propietario, el fondo KKR, no necesariamente la de sus clientes de alimentación y agricultura en Washington. Y Omnicom no ha desglosado qué parte de sus sinergias con IPG se ejecuta en España: ningún anunciante español de ambas redes sabe hoy si el equipo que atiende su cuenta es el mismo que firmó el contrato.

Quien contrata una agencia de comunicación a largo plazo debería exigir, en la propuesta y no solo en la renovación, la estructura de propiedad y el nivel de apalancamiento de quien va a gestionar su reputación: cuánta deuda soporta, quién la posee y qué parte de los ingresos del contrato paga esa deuda antes que el servicio. Las asociaciones del sector —Dircom, APRI— llevan meses publicando códigos sobre transparencia frente a la inteligencia artificial y no han dicho una palabra sobre la transparencia frente al capital riesgo que hoy decide cuántas personas atienden una cuenta. Deberían empezar a decirla.