El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno confirmó el 21 de septiembre que sus funciones de gestión del Registro de Grupos de Interés de la Administración General del Estado «han de finalizar» desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la derogación del decreto que lo creó. La consecuencia práctica: los formularios de inscripción desaparecen de la sede electrónica del organismo, y deberá dictarse resolución de archivo para las 377 solicitudes de inscripción presentadas mientras la norma estuvo vigente, por pérdida sobrevenida de objeto.
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó la convalidación del Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, el pasado 16 de septiembre, por 179 votos en contra, 155 a favor y 12 abstenciones. La resolución que ordena la publicación de ese acuerdo de derogación salió en el Boletín Oficial del Estado número 231, del 18 de septiembre. Briefin y Castigo contó entonces que la caída del decreto —el primer registro estatal de grupos de interés en España, operativo apenas veinte días— dejaba sin resolver qué pasaba con las inscripciones ya presentadas.
La confirmación del Consejo zanja esa ambigüedad, y de paso explica un fallo que esta redacción venía observando: el buscador público del Registro de Grupos de Interés (consejodetransparencia.es/grupos_interes) lleva caído desde la semana pasada —comprobado de nuevo hoy, 26 de septiembre, sigue devolviendo error 404— y ahora hay una explicación oficial, no un simple problema técnico. Entre las 377 solicitudes que se archivarán están las de las consultoras de asuntos públicos que se habían inscrito en el Registro de Grupos de Interés por obligación directa de su oficio, a diferencia de otros grupos de interés —asociaciones, ONG, grandes empresas— para quienes representar intereses ante la Administración es solo una función más entre otras muchas.
El Consejo precisa que el archivo de las solicitudes del Registro de Grupos de Interés se hará sin perjuicio de los efectos producidos durante la vigencia del real decreto-ley, y que los expedientes se conservarán conforme a la normativa de archivos y protección de datos: quien se inscribió no queda con ningún rastro público de haberlo hecho, pero tampoco con una obligación viva que cumplir. El decreto había nacido en agosto como salida de urgencia después de que el proyecto de ley ordinario sobre grupos de interés, en tramitación desde febrero de 2025, no lograra el consenso parlamentario necesario; su derogación devuelve la cuestión a esa vía —la que pedían CCOO y UGT antes de la votación— sin que el Gobierno haya anunciado todavía un calendario para retomarla. La nota del Consejo y la resolución del Congreso publicada en el BOE describen el mismo acto oficial desde ángulos distintos —el organismo que pierde la función y el trámite parlamentario que se la quita—, sin confirmación independiente adicional de un tercero.
Para las empresas y consultoras de comunicación y asuntos públicos que operan en España, el mensaje práctico es que no hay, de momento, ningún registro de grupos de interés estatal en vigor ni obligación de inscripción: el que hubo duró exactamente veinticinco días, del 27 de agosto al 18 de septiembre, sin que el Gobierno haya dicho aún cuándo ni cómo piensa recuperar la norma.
Fuentes
- Derogación del Real Decreto-ley de Grupos de Interés, nota del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (21/09/2026)
- Resolución de 16 de septiembre de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación (BOE núm. 231, 18/09/2026)