La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha pedido formalmente a los grupos parlamentarios que convaliden el Real Decreto-ley 21/2026, la norma que crea el registro obligatorio de grupos de interés, antes de que se agote el plazo constitucional de treinta días naturales sin someterse a votación en el Congreso de los Diputados. La petición, hecha pública el 3 de septiembre, llega con el reloj corriendo: el decreto se publicó el 26 de agosto y su convalidación debe votarse antes de que termine septiembre.
En su nota, APRI sostiene que España «necesitaba desde hace demasiado tiempo una regulación del lobby que estableciera unas reglas claras», en palabras de su presidente, Carlos Parry. La vicepresidenta y coordinadora del Comité de Regulación, Irene Matías, añade que la norma «debe analizarse desde una perspectiva más amplia, ya que mejora la participación democrática» — no solo como una carga administrativa para el sector al que regula.
Lo que dice el BOE, y lo que no dice
El texto que sale del BOE (BOE-A-2026-18148, 26 de agosto) es más frío que el comunicado: crea el registro público y obligatorio de grupos de interés bajo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con normas de conducta, huella normativa y régimen sancionador, pero no dice nada sobre su propia supervivencia. Eso lo fija el artículo 86 de la Constitución: un decreto-ley tiene treinta días naturales desde su publicación para ser convalidado en el Congreso, o decae — aunque conserva los efectos que haya producido mientras estuvo en vigor. Ninguna fecha de votación está fijada todavía.
El decreto no es papel mojado a la espera de esa votación: el registro admite solicitudes de inscripción desde el 5 de septiembre, semanas después de que el propio texto sustituyera al proyecto de ley que llevaba bloqueado en el Congreso desde 2022 y que este medio contó al aprobarse. El sector, además, ya se está organizando sobre la base de que la norma se queda: AP Institute convocó a principios de mes un seminario ejecutivo para preparar su aplicación práctica.
Es ese doble movimiento —registro ya operativo, sector ya formándose— lo que da peso a la petición de APRI: si el Congreso no convalida el decreto, España pierde de golpe un marco que ya está en marcha y vuelve a la situación de partida, sin ley de lobbies, en la que lleva instalada desde que Bruselas empezó a reclamarla. La I Cumbre de Asuntos Públicos de España, que APRI organiza el 8 de octubre en el Palacio de la Bolsa de Madrid, llegará con la convalidación resuelta o todavía pendiente — un desenlace que, a esta distancia, la propia asociación no da por garantizado.